Riesgos de ciberseguridad a proteger en las empresas
La ciberseguridad es un concepto que se ha ampliado y se ha dado a conocer de forma exponencial en los últimos años. La rápida evolución de las tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) y el acceso a Internet en prácticamente todo el mundo han propiciado que el término esté cada día más presente, pues es un sistema de protección contra las amenazas o ataques que se puedan producir en el mundo digital.
Se define como la defensa de todos los dispositivos electrónicos como ordenadores, móviles, servidores, etc., cualquier dispositivo que se encuentre conectado a Internet, ante ataque cibernéticos gestados desde cualquier parte del mundo. Esto puede ocurrir contra una gran organización pública o privada, una pequeña empresa o contra un ciudadano particular, pudiendo llegar a poner en riesgo toda una estructura digital previsiblemente afianzada.
Aunque es un tema que no se trata de forma habitual, la cibercriminalidad es un problema que preocupa y ocupa a gobernantes de todo el mundo. Es cierto que en la mayoría de los casos se da en las estructuras relacionadas con el sector económico, pero realmente cada día se conocen casos de ataques en cualquier ámbito del mundo digital. Por ello preocupa el uso que los usuarios particulares le dan a Internet, que, si bien no suelen ser el público prioritario de estos ciberataques, se pueden convertir en la conexión entre el atacante y su objetivo final. Un actor malicioso puede usar a éstos para meterse en su dispositivo -sin que la persona que es víctima se entere- para controlarlo y lanzar la embestida desde su aparato tecnológico.
Es un problema de tal magnitud que los gobiernos de todo el mundo han tenido que actuar para instruir a las empresas en la forma de llevar a cabo prácticas eficaces de seguridad en la red. Desde las administraciones se entiende que un ataque cibernético a una organización importante puede ocasionar un daño irreparable a ésta, con las consecuencias directas que puede tener en un estado y en su ciudadanía: traspaso de datos, pérdidas económicas, desempleo…
No es necesario destacar que en la actualidad Internet conecta a todos los países del mundo, por lo que quienes quieren llevar a cabo un ataque lo pueden hacer llegar a cualquier parte del planeta en cuestión de segundos. Y para más inri, estos atacantes cuentan con unas herramientas especializadas que les permiten esconder su identidad y ubicación, por ello se insiste en la importancia de contar con una estructura infalible ante los diferentes tipos de amenazas que se puedan ocasionar. Para ello existen herramientas como antivirus, servidores, cifrados de punto final…
Sin embargo, a pesar de que existen numerosas herramientas para prevenir los peligros que puede suponer un ataque de estas características a una organización o persona, no existe una garantía total de que un sistema de ciberseguridad funcione al 100%, ya que no existe ese recurso. Y tratar de contener ese riesgo al mínimo supone una inversión económica de gran importancia, algo que no pueden ni están dispuestas a permitir tan fácilmente las empresas, en muchas ocasiones porque no son conscientes de la gravedad que podría suponer un problema de este tipo. Además, hay que tener en cuenta que, si se incrementa el número de sistemas de protección, con una mayor especificidad, la tecnología también debe ser más compleja, por lo tanto, se habla de un mayor gasto.
El mundo en el que vivimos está cada vez más informatizado y esto provoca que Internet, que en un principio había nacido como un instrumento exclusivamente militar hace tan solo cinco décadas, en los años 60 y en un contexto de Guerra Fría, hoy sea la mayor ventana de información y comunicación del mundo. Son miles las personas que cada día acceden a la red desde todos los países sin discreción, ya sea desde el ámbito profesional o personal.
Por ello, actualmente la seguridad de todas las personas, físicas o no, que se encuentran en la red se presenta como uno de los mayores desafíos a nivel mundial. De hecho, hay algunos países -como España- que ya consideran las amenazas o ataques cibernéticos como un riesgo de estado frente al que se tiene que actuar para evitar que provoque el menor perjuicio a la población.