Ocupación ilegal de pisos vacíos

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La pandemia de COVID-19 en España ha incrementado los casos de ocupación ilegal por la incapacidad de los propietarios de controlar sus segundas viviendas debido al estado de alarma. Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido casi un 50% en España desde 2016 y entre 2018 y 2019 aumentó un 20%, hasta las 14.394 ocupaciones.

 

Generalmente las casas más vulnerables a estas "okupaciones" son segundas residencias, es decir, casas que no son la residencia habitual del propietario pero que se utilizan como casa de vacaciones. Esta es también una de las razones por las que, en estas circunstancias, las consecuencias legales para los ocupantes ilegales son diferentes.

 

Si un ocupante ilegal entra en una casa que no es su residencia habitual, comete un delito de usurpación de la casa y es sancionado con una multa "simple" de 3 a 6 meses en el mejor de los casos, en otras situaciones es muy complicarlo desalojar a la persona o personas que han ocupado la casa. En caso de violencia o intimidación, la pena se convierte en prisión de uno a dos años, como recuerda José Ramón Zurdo, director general de la agencia de negociación de alquileres. Sin embargo, el experto también apunta que los ocupantes ilegales son perfectamente conscientes de ello y tienden a evitar todo tipo de violencia.

 

Por otro lado, las penas son mayores si los okupas ocupan la residencia principal de alguien. En estos casos, el delito cometido se considera allanamiento y se castiga con prisión de 6 meses a 2 años, mientras que en el caso de violencia o intimidación la pena se incrementa de 1 a 4 años.

 

Entonces, si tienes una casa de vacaciones en España y te preocupa que los ocupantes ilegales se hayan apoderado de su propiedad, ¿qué puedes hacer? Se recomienda instalar una alarma conectada a una central receptora de alarma. La inmediatez de la comunicación es clave porque la alarma muestra claramente cuándo se produjo la ocupación ilegal. De hecho, es indispensable conocer el momento exacto de la ocupación ilegal, ya que las fuerzas de seguridad del Estado tienen la capacidad de desalojar una propiedad ocupada durante las primeras 48 horas de ocupación sin orden judicial.

 

Los expertos aseguran que, ante esta vía rápida de desalojo, los ocupantes ilegales intentan pasar desapercibidos durante los primeros días de ocupación para evitar ser denunciados y que la policía puede desalojarlos sin orden judicial. Por eso una alarma que advierte directamente a la policía es la medida más eficaz, porque en pocas horas llegarán a localizar los okupa.

 

Además, una alarma evitará que los ocupantes ilegales tomen posesión de la casa, lo que significa que no podrán llevar sus pertenencias a la casa con tanta facilidad.

 

“Antes la principal causa de instalación de una alarma era el miedo al robo, mientras que en los últimos años la preocupación de los clientes se ha centrado más en la amenaza de ocupaciones, que afecta principalmente a segundas residencias", dice el director de operaciones de Alarmas Spitz.

 

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