¿Puedo no pagar la cuota de alquiler?

Alquiler

Son muchos los que se han visto afectados por la crisis que está generando el COVID-19. Es por ello que no pocos necesitan una rebaja del alquiler o por lo menos un aplazamiento. No obstante, la ley obliga al inquilino a continuar pagando cada mes la cantidad acordada. Sin embargo, en caso de encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, existe la posibilidad de acordar con el casero un aplazamiento temporal extraordinario de los pagos.

Si el dueño de la vivienda, es decir el arrendador, posee menos de 10 propiedades, se necesita un acuerdo del inquilino y el propietario. Una vez mantenida la conversación el arrendador o el casero, deberá comunicar la decisión que tome antes de una semana.

Si, por lo que fuera, no se llegase a un acuerdo puesto que el dueño no tiene ninguna obligación legal de ceder, el inquilino puede recurrir a otras opciones. Más concretamente, puede solicitar prestamos o ayudas directas al Estado para poder hacer frente al final de mes.

El gobierno anunció una línea de créditos que concederá el Instituto de Crédito Oficial. De esta manera, aquellos arrendatarios que se encuentren en dificultades económicas pueden solicitar un préstamo sin intereses. Este crédito se deberá devolver en seis años, con la opción de posponerlo cuatro años más. Es decir, que el inquilino puede pedir un crédito para pagar el alquiler y devolverlo en diez años como máximo. No obstante, solo se podrá solicitar la cantidad de seis meses de alquiler.

Por lo tanto, el inquilino tiene la obligación de pagar su alquiler sea cual sea la situación. El propietario no tiene ninguna obligación de rebajar o aplazar el pago de las cuotas. El arrendatario puede pedir ayudas económicas al gobierno por valor de seis meses de alquiler. No obstante, en caso de impago, el propietario puede en último caso imponer el desahucio. Sin embargo, el desahucio no sería efectivo hasta el fin del estado de alarma tal y como indica el Real Decreto-ley 11/2020. En este se suspenden todos los desahucios a aquellos inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.

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