Mediación familiar en el proceso de divorcio

Divorcio

Está claro que un proceso de divorcio puede ser algo traumático. Una manera de lograr que dicho proceso se convierta en algo menos doloroso es usar los servicios de un mediador de familia para conseguir un acuerdo en el cual ambas partes vean sus deseos reflejados.

Tras la reforma de 2005, el proceso de divorcio es menos doloroso, caro y complicado. Tras esta reforma dejó de ser obligatorio pasar por un proceso de separación previo al divorcio y se creó una nueva figura, la mediación familiar, pensada para ayudar a solventar el divorcio de la forma menos conflictiva posible.

Más allá de la normativa nacional, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado y definido de manera más precisa la la figura de la mediación, de modo que este servicio se presta con matices en cada una de ellas. Sin embargo, los diferentes objetivos de este proceso es igual en todos los sitios:

  • Reducción de los daños emocionales y económicos que se producen en un proceso de divorcio.
  • Protección de los derechos e intereses de los miembros menores de edad que puedan estar implicados.
  • Minimización de las desavenencias entre los cónyuges al crear condiciones donde puedan dialogar y comunicarse entre ellos.

Al margen de los tribunales

La mediación familiar es un proceso al cual acuden, de manera voluntaria, ambos cónyuges de un matrimonio que se va a divorciar. Durante este proceso se busca establecer de mutuo acuerdo los términos del divorcio, con la ayuda de un mediador y sin necesidad de ir a un juicio, donde es el juez el que toma las decisiones.

Si la mediación es fructífera y los miembros de la pareja llegan a un acuerdo, el mediador redactará un documento donde se plasme todo lo acordado. Este documento, un borrador de convenio regulador, se deberá ajustar después a la demanda de divorcio interpuesta ante los tribunales y será examinado por un juez, el cual debe asegurarse de que se respete la ley y de que ninguno de los implicados (cónyuges o hijos, si los hay) ha salido perjudicado.

Si ese documento es aprobado y homologado por el juez, el convenio será igual de válido que si lo hubiera dictado el mismo tras un proceso contencioso.

Personal cualificado

Una persona cualificada deberá ser la encargada de realizar este proceso, guiando a los dos miembros de un matrimonio, los cuales tienen dificultades para entenderse hacia soluciones que satisfagan a ambos lo más posible y respeten la legalidad.

La ley exige que el mediador sea activo y que sea imparcial y neutral. Es decir, no podrá ser un mero espectador, sino que deberá estimular y encaminar las negociaciones, sin tomar partido y sin imponer soluciones propias. Además, se le exige que mantenga la confidencialidad sobre el proceso y que sea fiel a su tarea.

Si el mediador fallara en estas tareas, y eso produce daños y perjuicios para otras personas, los perjudicados tendrán derecho a solicitar una indemnización por responsabilidad civil. La ley exige también que el mediador esté específicamente cualificado para mediar.

Como hemos dicho, cada Comunidad Autónoma posee diferentes normativas sobre los mediadores, por lo que puede que en cada zona se solicite una titulación diferente, como puede ser licenciatura en derecho, psicología o pedagogía, diplomatura en trabajo social, educación social…

Ventajas de la mediación familiar en un proceso de divorcio

Los acuerdos obtenidos durante una mediación familiar poseen diferentes ventajas:

  • Debido a que se trata de un arreglo de mutuo acuerdo es algo menos traumático, puesto que cada parte ve reflejada su voluntad en alguna medida. Esto favorece el hecho de que se cumpla el acuerdo, algo que puede no pasar si es el juez el que decide por los contendientes, sobre todo lo que antes compartían (bienes, vivienda, negocios y, sobre todo, hijos), sin que ninguno se quede satisfecho.
  • El acuerdo se debe alcanzar en un plazo breve, que cambiará según la zona, siendo generalmente de tres meses prorrogables excepcionalmente por otros tres.
  • La mediación abarata mucho el divorcio en comparación con los procesos contenciosos, donde cada miembro requiere de un abogado y un procurador. No hay unas tarifas prefijadas, sino que se pactan de antemano con quienes la solicitan. Lo normal es que el precio cambie según el número de sesiones necesarias para lograr un acuerdo, el número de profesionales necesarios...
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