Las personas con discapacidad, vulnerables en materia de energía eléctrica
Fidelitis, Grupo de Consultoría Legal líder nacional en tramitación y obtención de pensiones por incapacidad laboral, que desde hace más de 15 años presta sus servicios y defiende al colectivo de personas con discapacidad, quiere destacar la problemática con la que conviven millones de personas en nuestro país. Las personas mayores y con discapacidad están sufriendo, en mayor medida y gravedad, los problemas que ya experimenta la población en general en relación con las compañías energéticas y el funcionamiento del mercado eléctrico. Ambos colectivos se sienten especialmente vulnerables en este mercado.
El suministro eléctrico no sólo es un bien “de primera necesidad” sino, con frecuencia, una energía objetivamente vital para estos consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
Tal y como recoge el Defensor del Pueblo en una recomendación a la Administración del año 2017, el suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, lo que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental, se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo que, como tal, ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos.
Para más inri, las personas con discapacidad conviven con obstáculos en su vida diaria, y muchos dependen de factores energéticos para acompañar sus rutinas. Máquinas, sensores de movimiento, domótica… Todo ello aumenta significativamente las facturas de la luz, a las que un alto porcentaje de afectados no puede hacer frente.
La energía eléctrica es una necesidad más amplia que la de “iluminar, cocinar y calentar” el hogar; es, con frecuencia, un soporte vital para estos colectivos, cuya salud depende de la regulación térmica del ambiente, de la carga de muchos aparatos esenciales para su vida cotidiana como sillas de ruedas, maquinaria respiratoria e incluso el mantenimiento eléctrico de medicinas que precisan ser refrigeradas.
El esfuerzo que realizan los hogares para pagar los suministros energéticos se ha elevado considerablemente correspondiendo con la subida del precio de la luz. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma también se ha incrementado de manera muy significativa.
Ante este hecho, cada vez más se ve consagrada la idea del derecho a la energía como un derecho fundamental; sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata de un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación…) irrenunciables para nuestro desarrollo.
Una de las ventajas que obtienen las personas reconocidas con un grado de discapacidad viene de la mano de la iniciativa creada por la comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC) en colaboración con la fundación Civio, que calcula el gasto energético del hogar en que reside uno o varios miembros de la unidad familiar con discapacidad, y traduce el gasto en un ahorro del 25% y 40 % en la factura.
Fidelitis, además de prestar servicios jurídicos para la obtención de incapacidad laboral y discapacidad, asesora de forma individualizada a los socios y colaboradores de las más de 500 asociaciones de enfermos y discapacitados con las que actualmente tienen convenio, de forma gratuita.
Hoy, desde Fidelitis, alzamos la voz para reclamar una mejora de esta situación que, para muchos, condiciona significativamente su forma de vida.