Las juntas de propietarios durante la pandemia de la COVID-19

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Los administradores de propiedades buscan ayuda de los partidos políticos para simplificar el proceso de telemática para las reuniones de propietarios. Si este problema no se resuelve, la gestión de ayudas a la construcción del Fondo Europeo de Recuperación se verá afectada negativamente.

Después de celebrar varias reuniones con diferentes grupos parlamentarios, el Consejo General de la Asociación de Administradores de la Propiedad (CGCAFE) logró que los grupos parlamentarios socialistas, grupos populares y grupos de ciudadanos presentaran mociones para la realización de reuniones virtuales. Reunión de propietarios.

En España, debido a las condiciones de salud provocadas por el COVID-19, se han realizado cerca de 1.000.000 de reuniones anuales de la comunidad de propietarios, por lo que no se pueden realizar reuniones, lo que significa que la construcción de edificios tan importantes como motor de desarrollo económico y de servicios y el mantenimiento ha sido suspendido.

Los administradores de propiedades de colegios y universidades requieren la aprobación urgente de una norma para celebrar reuniones de propietarios y reuniones de los órganos de gobierno de la comunidad de propietarios a nivel de propietarios de manera cibernética.

Esto garantizará el derecho de participación de todas las personas (podrán participar en las reuniones de representantes), y es posible intervenir en las deliberaciones y asegurarse de que voten.

Sin embargo, hay que tener en cuenta sus características, el número de propietarios y la capacidad de uso de la tecnología.

Por tanto, dado que no todas las comunidades pueden realizar reuniones virtuales, también se ha planteado la posibilidad de llegar a restricciones a través de acuerdos sin realizar reuniones.

Cabe recordar que Cataluña lo hizo, con la aprobación del Decreto no 26/2020 de 23 de junio (Medidas Especiales en Saneamiento), que determinaba la posibilidad de realizar reuniones a través de la telemática y el contrato con el titular del sistema La efectividad de la cita. Asuntos y administración.

Desde entonces, en Cataluña ha entrado en vigor una solución similar a la propuesta por CGCAFE, que no ha causado problemas a los propietarios y es útil, por lo que la vida y la economía de la comunidad no se ralentizarán.

Por ello, con el fin de brindar amparo legal a estas situaciones, explicó que es necesario suspender la obligación de convocar a reunión por 12 meses y renovar tácitamente el convenio, incluyendo el cargo y presupuesto del Comité de Condóminos, y proveer los trámites legales necesarios.

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 200.000 comunidades de propietarios, la gran mayoría (80%) de las cuales están gestionadas por más de 3.500 administradores de fincas registrados en la región.

Cada mes se llevan a cabo más de 11.000 reuniones de propietarios, pero desde marzo del año pasado, no se han realizado reuniones para evitar que dichas reuniones se conviertan en una fuente de propagación del virus.

Reforma necesaria

Según la normativa reguladora aprobada por Cataluña para solucionar el problema del calibre urgente, existe una necesidad urgente de reforma "temporal" de la "Ley de Propiedad Horizontal".

Para aquellos miembros de la comunidad que no tienen herramientas técnicas para contactar, estos problemas deben mantenerse a través de videoconferencias u otros métodos de procesamiento de información remota, o incluso a través de métodos de comunicación asincrónica (como correo electrónico, SMS o correo postal) para una reunión de propietarios. Vía videoconferencia.

Desde su punto de vista, estas medidas son viables siempre que se garantice la información y los derechos de voto, se registre la recepción del voto y se garantice la autenticidad del voto.

Otro tema que le parece importante es que es previsible que la prórroga por defecto del presupuesto anual y el mandato del órgano de gobierno se prolongue hasta la próxima reunión ordinaria.

Estos acuerdos suelen significar el acceso a ayudas municipales, autonómicas, estatales e incluso europeas, como las destinadas a mejorar la accesibilidad o la eficiencia energética, o las incluidas en el Distrito de Renovación y Renovación Urbana y Rural (ARRUR).

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