¿Qué es el factoring en la administración pública? Guía completa para proveedores del Estado
El factoring en la administración pública es una herramienta financiera cada vez más utilizada por proveedores del Estado para anticipar el cobro de facturas pendientes de pago por parte de organismos públicos. En España, donde los plazos legales de pago están establecidos en un máximo de 30 días (aunque en la práctica pueden retrasarse hasta 60 días o más), se convierte en una solución eficaz para mantener el flujo de caja y mejorar la salud financiera de las empresas.
¿Cómo funciona el factoring con la administración pública?
Cuando se trabaja con clientes públicos (ayuntamientos, consejerías, ministerios, hospitales, etc.), los pagos pueden tardar en llegar. El factoring en el sector público permite a los proveedores no tener que esperar esos plazos, accediendo al dinero antes.
- La empresa entrega los bienes o presta el servicio a una administración pública.
- Se emite una factura conforme, con acuse de recibo o reconocimiento de la deuda por parte de la entidad.
- La empresa cede la factura a una entidad financiera de factoring.
- El factor (la entidad financiera) adelanta entre el 80 % y 95 % del importe de la factura.
- Cuando la administración pública paga, el importe se transfiere directamente a la empresa de factoring, que liquida la operación.
Ejemplo práctico
Una empresa española entrega material sanitario a un hospital público por valor de 50.000 €. La administración pagará en 90 días, pero la empresa necesita liquidez inmediata para cumplir con otro contrato.
- El proveedor acude a una entidad de factoring, que acepta la cesión de la factura.
- Se le adelanta el 90 % del valor: 45.000 €.
- El factoring cobra una comisión del 2 %, es decir, 1.000 €.
- Cuando el hospital paga los 50.000 € al vencimiento, el factoring transfiere los €4.000 restantes al proveedor, descontando la comisión.
Así, el proveedor recibió €45.000 inmediatamente, y los €4.000 restantes más adelante.
Marco legal del factoring público en España
En nuestro país, el factoring con la administración pública está regulado y amparado por diversas normativas que garantizan la seguridad jurídica tanto para proveedores como para las entidades públicas. Desde Workcapital, empresa de factoring en España señalan:
Ley de Morosidad
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es la principal norma que regula los plazos de pago en las operaciones comerciales, incluyendo las relaciones con el sector público. Según esta ley:
- Las administraciones públicas deben pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días naturales (o excepcionalmente hasta 60 días si está justificado).
- Si se incumplen estos plazos, el proveedor puede reclamar intereses de demora.
Cesión de créditos y factoring
La cesión de créditos (como ocurre en el factoring) está regulada por el Código Civil español y está plenamente permitida siempre que se cumplan ciertos requisitos:
- El proveedor debe notificar a la administración pública la cesión del crédito a una entidad financiera.
- La administración debe registrar esa notificación y realizar el pago directamente a la entidad cesionaria.
Factura electrónica y plataforma FACe
España ha implementado el sistema electrónico de facturación pública conocido como FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas), que facilita la gestión, recepción y registro de facturas emitidas a las administraciones públicas.
- Permite que las facturas sean registradas electrónicamente, asegurando trazabilidad.
- Facilita la notificación y constancia de la cesión de crédito.
- Mejora la transparencia y el control en la gestión de pagos.
Impacto del factoring en la deuda pública y contabilidad
Es importante destacar que el factoring no computa como deuda bancaria para la empresa proveedora, puesto que no es un préstamo, sino una cesión de derechos de cobro. Por lo tanto:
- No afecta el endeudamiento ni el balance financiero como un crédito tradicional.
- La administración pública mantiene la obligación de pago original sin alteraciones.
¿Qué necesitas para usar factoring con facturas públicas?
Si eres proveedor de la administración pública y quieres aprovechar el factoring para mejorar tu liquidez, debes cumplir con ciertos requisitos específicos dentro del marco legal y administrativo español:
- Factura electrónica vía FACe: Emitir y registrar la factura en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), plataforma oficial para facturación pública.
- Aceptación de la factura: La administración debe recibir y aceptar la factura, confirmando la deuda.
- Notificación de cesión de crédito: Informar a la administración sobre la cesión de la factura a la entidad financiera, preferiblemente a través de FACe o por escrito.
- Contrato con entidad de factoring: Firmar un acuerdo con una empresa o banco autorizado que detalle condiciones y comisiones.
- Control del pago: Hacer seguimiento al estado del pago y la liquidación final tras el cobro.