La nueva Ley Antiokupas se propone reforzar la protección del propietario frente a los casos de ocupación ilegal. Además, prevé nuevas circunstancias en las que el dueño de la vivienda puede acudir a la Administración con el fin de recuperar su inmueble.
De esta forma, la nueva Ley Antiokupas se plantea atender de manera formal los casos relacionados a los okupas ilegales. Las acciones que son ejercidas dentro del marco de esta ley procuran la protección de los dueños del inmueble que pueden ser víctimas de extorsión.
En este artículo encontrarás las principales características de esta ley y conocerás cómo aplicar la legislación para desalojar a okupas.
¿Qué establece la ley Antiokupas?
La Ley 5/2018, más conocida como Ley Anti Okupas, establece el marco legal básico en torno a la ocupación. Esta ley entró en vigor el 2 de julio de 2018 y actualiza la anterior norma, que data del año 2.000. En líneas generales, amplía la protección a los propietarios legítimos de una vivienda.
La ley se enfoca en recuperar de forma inmediata la posesión de un inmueble cuando el mismo ha sido ocupado ilegalmente. Además, prevé la recuperación inmediata y directa a todas aquellas personas físicas que poseen una vivienda. Aunque esto no incluye a las personas jurídicas que disponen de inmuebles en propiedad con ánimo de lucro.
En este último caso la ley no establece la legalidad de la ocupación. Sin embargo, el desalojo no tendrá prioridad, por lo que el proceso seguirá otros cauces.
Por otra parte, la Ley Anti Okupas sí reconoce la existencia de la figura del okupa y, por ende, le reconoce el derecho a solicitar la apertura de un procedimiento legal, en el caso de que éste crea tener derecho al uso de la vivienda.
¿Cuál es el objetivo de la nueva Ley Antiokupas?
La nueva Ley Anti Okupas tiene como propósito minimizar el margen de usurpación de propiedades siguiendo los estatutos del Código Penal. En la actualidad, hay algunos litigios que se desarrollan en relación a las políticas de objetivo social que procuran la defensa de los derechos de los okupas como figuras vulneradas.
Por lo tanto, es conveniente contar con un equipo de abogados mutlidisciplinar, ya que el proceso legal y jurídico puede tornarse complejo. Es recomendable contar con profesionales expertos en ocupaciones ilegales, ya que pueden ofrecer una mediación efectiva sobre esta ley y los estatutos que considera.
Con respecto a un caso ilegal inherente a la Ley Anti Okupas, será necesario que el okupa presente evidencia consistente que le adjudique el derecho a hacer uso de la propiedad. Por lo tanto, si el okupa no es capaz de comprobar legalmente que ocupa un espacio de manera legítima, el mismo tendrá que ser desalojado.
También, dado que esta ley reconoce la figura del okupa, el mismo tiene derecho a comenzar un proceso de desahucio, sólo si cree tener derecho a ocupar la vivienda legalmente. De igual forma, el propietario del inmueble también puede conseguir evidencias y testimonios que comprueben su declaración. Luego de que ambas partes expresen su versión de los hechos, el juez pronunciará una postura y emitirá un fallo.
¿Cómo desalojar a okupas por la vía legal?
La aplicación de la Ley Anti Okupas para desalojar a un okupa de forma legal es un proceso que protege y respalda los derechos de propiedad privada de una persona natural. Por lo tanto, se puede decir que el inmueble o espacio ocupado premeditadamente no puede pertenecer a organizaciones o empresas con fines de lucro, en el caso de que las mismas deseen aplicar los derechos contenidos por dicha ley.
En primer lugar, la demanda debe ser introducida con los soportes legales, los cuales fundamentan el proceso. Si no se conoce la identidad del okupa, la notificación tiene que ser entregada sin remitente por un miembro de la policía.
Si se recibe una respuesta formal, el demandante puede remitirse a esta persona durante el proceso de demanda. Cuando se haya notificado que no existe una respuesta correcta que sea avalada por el contrato de arrendamiento, se procede a desalojar al okupa.
En resumen, el proceso de desalojo no es sencillo y, a pesar de la existencia de una ley vigente que lo regule, existen diversos condicionantes e impedimentos jurídicos.