Cómo pedir las ayudas para pagar el alquiler
Debido a la situación actual con el COVID-19, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley en el que se establecen una serie de ayudas a los residentes de alquiler. Estas medidas van enfocadas sobretodo a las familias que tengan un contrato de arrendamiento y no pueden hacer frente a los pagos a final de mes.
Desgraciadamente, este programa solo podrá ayudar a una serie de personas en concreto y con situaciones muy concretas como por ejemplo: estar desempleado, haber sufrido un ERTE, jornada reducida por realizar cuidado de mayores o menores o sufrir una perdida sustancial de ingresos (este último en el caso de los empresarios).
No obstante, además de esos requisitos anteriores, también deben cumplirse los siguientes:
Los ingresos por unidad familiar no alcancen el límite de tres veces el IPREM: este se aumentará 0,1 por cada hijo o por cada mayor de 65 años y 0,15 si es una unidad familiar monoparental. El limite del IPREM subirá a cuatro si algún miembro tiene una discapacidad de un 33% y a 5 si es mayor del 65%.
Los gastos del alquiler y los suministros básicos sea superior al 35% de los ingresos netos que perciban toda la unidad familiar.
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda en España o tenga una en usufructo
El plazo para la solicitud de la ayuda se abre desde el 2 de abril y será necesario que el inquilino presente la siguiente documentación:
En caso de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de cese de actividad del autónomo, certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El número de personas que habitan en la vivienda habitual.
La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
Declaración del deudor para considerarse sin recursos económicos suficientes.